Publicado en: 16/02/2018

Tus dudas sobre el ICE y el proceso de deportaciones

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenaron a un hombre que se detuviera cerca de su casa en Riverside, California, el verano pasado. Credit

EE.UU.- Recientes casos sobre migrantes que enfrentan la deportación y que fueron muy difundidos por medios, con información detallada, han despertado la simpatía del público —como lo fue el de una niña de 10 años detenida cuando iba a entrar al quirófano y una madre escondida en una iglesia—, pero también han despertado cuestionamientos sobre cómo se aplican las complicadas políticas migratorias de Estados Unidos.

Los casos de Syed Ahmed Jamal y Jesús Berrones pueden servir como ejemplo. Ambos enfrentaron la deportación y recibieron suspensiones temporales.

La forma en que se trata a las personas migrantes en ocasiones parece arbitraria e incoherente. Jamal, detenido y separado de su esposa y tres hijos en Kansas, recibió un indulto temporal ante intentos de las autoridades federales por deportarlo (todavía pretenden hacerlo), mientras que a Berrones, quien tiene un hijo de 5 años que padece cáncer, se le concedió una suspensión temporal el 12 de febrero.

Este contraste resalta el grado de discrecionalidad del que gozan los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). También genera preguntas en cuanto al alcance de sus facultades y los derechos de los detenidos. A continuación, presentamos las respuestas a algunas de esas preguntas.

¿Los arrestos que culminan en deportación son más comunes que antes?

Hasta ahora, sí. Entre el inicio del gobierno de Donald Trump y el final del ejercicio fiscal 2017, la agencia arrestó a 110.568 personas, lo cual representa un aumento del 42 por ciento con respecto al mismo periodo el año anterior, según un informe del ICE.

¿Qué sucede después de que arrestan a una persona?

Depende.

Si ya se emitió una orden de deportación a nombre de alguien que está en custodia, en general, hay muy pocas opciones.

Jamal y casi otro millón de personas se encuentran en esta categoría. En el caso de Jamal, un juez de inmigración le concedió hasta el 26 de octubre de 2011 para abandonar el país de manera voluntaria, según el ICE. En cuanto se cumplió ese plazo, su orden de salida se convirtió en una orden de deportación.

Quizá un abogado logre argumentar, como logró hacerlo el abogado de Jamal, que el juez debería suspender temporalmente la orden. Es posible que también logre persuadir a un juez para reabrir un caso si ha habido cambios en las circunstancias de esa persona.

No obstante, si no se concede esa suspensión, el ICE puede considerar concluido el proceso legal y comenzar a tramitar la deportación a la brevedad posible, dependiendo de la logística para enviar a las personas a su país de origen.

Es lo que le ocurrió a Jamal el 12 de febrero: lo hicieron abordar un vuelo en cuanto se terminó su primera suspensión de la orden. Sin embargo, sus abogados afirmaron que habían logrado obtener una segunda suspensión mientras su vuelo estaba en camino hacia Hawái, donde debía detenerse a recargar combustible.

Una persona que se encuentre en custodia pero a quien no se le haya emitido una orden de deportación tiene más opciones y, sobre todo, más tiempo.

El detenido puede solicitar asilo o recurrir a otros programas. Incluso si no es posible buscar esos recursos, los tribunales migratorios muchas veces tienen largos retrasos y los arrestados cuentan con varias rondas de apelaciones, un proceso que puede llevar un buen tiempo.

Hecha esta aclaración, también hay que decir que quizá deban pasar detenidos parte de ese tiempo, si no es que todo, por lo que muchos que no cuentan con un representante legal sencillamente aceptan que los deporten de cualquier forma.

Syed Ahmed Jamal, fue detenido en Texas y en la imagen habla con su abogado Michael Sharma-Crawford y el representante por Misuri, Emanuel Cleaver.

¿El ICE puede arrestar a personas en cualquier lugar?

No. Existen dos tipos de restricciones en cuanto a los lugares en los que los funcionarios migratorios pueden efectuar arrestos: legales y autoimpuestos.

Al igual que otras agencias, el ICE debe respetar las protecciones constitucionales, por lo que sus funcionarios no pueden ingresar en una residencia privada sin consentimiento o una orden emitida por un tribunal, según Grisel Ruiz, una abogada del Immigrant Legal Resource Center.

La agencia también declaró que se abstendrá de manera voluntaria de efectuar arrestos en “zonas sensibles”, una política cuyo objetivo es crear confianza y permitir a las personas realizar algunas actividades “sin temor o duda”.

Esas ubicaciones incluyen escuelas, lugares de culto, hospitales y manifestaciones públicas. (En respuesta a las críticas, el ICE señaló hace poco que también establecerá algunos límites a las opciones de arresto en los tribunales).

Sin embargo, esas políticas voluntarias son, justamente, voluntarias. Es decir, “no establecen obligaciones, no son leyes”, aclaró Ruiz. Ella, junto con otros defensores de los inmigrantes, afirma que si bien la agencia evita arrestar a las personas en esas ubicaciones sensibles, de cualquier forma lo hace en sus inmediaciones.

¿El ICE debe permitir a quienes están por ser deportados que organicen sus asuntos pendientes?

Algunas veces lo hacen, pero los funcionarios no están obligados a permitir a los arrestados que reúnan sus pertenencias o siquiera despedirse de sus seres queridos. Por ejemplo, los familiares de Jamal indicaron que los funcionarios que lo arrestaron les negaron el derecho de darle un abrazo de despedida. Muchas veces, los arrestos pueden ocurrir lejos del hogar y de la familia.

Dependiendo de la etapa del proceso de deportación y el historial delictivo, a algunas personas se les permite salir en libertad con la condición de que se comprometan a abandonar el país de manera voluntaria dentro de un plazo específico.

¿Se toman en cuenta las contribuciones que hayan hecho a la sociedad?

Los agentes del ICE tienen discrecionalidad para decidir si deben deportar a una persona.

La agencia puede permitir a alguien permanecer en el país, bajo supervisión, en circunstancias extraordinarias: si la persona está recibiendo tratamiento médico o cuida a un padre anciano, por ejemplo. Al parecer, este fue el caso de Berrones, pues se dice que se le otorgó un año de suspensión en su salida para que pueda cuidar a su hijo enfermo.

La presión de la comunidad y la atención de los medios también han influido en las decisiones de la agencia en el pasado.

No obstante, durante la presidencia de Trump, el ICE ha utilizado esa discrecionalidad a favor de los detenidos con menor frecuencia. La postura del gobierno es que cualquier persona que se encuentre ilícitamente en Estados Unidos debe ser deportada. Por otro lado, en los últimos años del gobierno de Barack Obama se instruyó a los agentes que dieran prioridad a algunos grupos, como delincuentes peligrosos y recién llegados.

Así que aunque es posible que se consideren las circunstancias familiares y personales, además de las contribuciones a la sociedad, es menos probable que ayuden a una persona ahora que en el pasado.

¿Qué tan relevantes son los antecedentes penales, si los hay?

El gobierno de Trump considera que estar en Estados Unidos sin la documentación adecuada constituye un delito, lo que indica un enfoque más estricto que en el pasado, cuando las faltas migratorias por lo regular se consideraban equiparables a infracciones menores.

Eso quiere decir que la agencia toma en serio incluso aquellos casos en los que la única mancha en el historial de una persona es no haber cumplido una orden de deportación, como se afirma es el caso de Jamal.

Aun así, no tener antecedentes penales, excepto las faltas migratorias, puede ayudar a persuadir al gobierno de que permita a las personas permanecer en libertad mientras esperan un fallo administrativo con respecto a su situación.

¿Te dan puntos por intentar obtener un estatus legal?

Si bien algunos inmigrantes, como quienes solicitan asilo, cuentan con protección contra la deportación mientras esperan que se emita un fallo en cuanto a su estatus, el solo hecho de presentar la solicitud no ofrece ningún tipo de protección. Si se carece de un mandamiento judicial o un convenio del gobierno para suspender la deportación, lo único que importa es la situación legal actual de la persona.

Aunque si una persona emprendió acciones para obtener el estatus legal, eso sí sirve para convencer al juez de que no es necesario detenerla, según Jesse Lloyd, un abogado de Oakland, California, especializado en derecho migratorio y actual vicepresidente del comité sobre ICE de la Asociación de Abogados Migratorios Estadounidenses.

“Tener un historial de cumplimiento con las órdenes de las autoridades migratorias es por lo menos una buena señal de que no hay riesgo de que la persona desaparezca”, explicó.

Por NIRAJ CHOKSHI y VIVIAN YEE /NYTimes

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