Publicado en: 22/09/2015

Tres jueces guatemaltecos detenidos por corrupción

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Los detenidos serán presentados este martes.

GUATEMALA, (AP).- Siguen surgiendo en Guatemala más implicados en casos de corrupción. Luego de la renuncia y encarcelamiento del ex presidente Otto Pérez Molina, ahora, dos juezas y un magistrado fueron detenidos acusados de delitos vinculados con hechos de corrupción.

El magistrado Erick Gustavo Santiago de León y las juezas Marta Josefina Sierra González de Stalling y Jisela Yadel Reinoso Trujillo fueron arrestados en sus domicilios por la policía luego de que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitaran sus capturas, según confirmó Julia Barreda, vocera de la Fiscalía.

De León es presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Quiché y está acusado de los delitos de cohecho pasivo por supuestamente recibir un soborno de 1,3 millón de dólares aproximadamente por favorecer a una empresa.

A Sierra González de Stalling se la acusa de cohecho pasivo y prevaricato por supuestamente recibir sobornos de los abogados de varios procesados que integraban una red que defraudó a las aduanas del país. Los abogados habrían pagado sobornos para que la jueza otorgara medidas sustitutivas a la prisión a los acusados, a quienes dejó en libertad. Sin embargo, estos luego fueron recapturados.

En escuchas telefónicas presentadas los abogados y varios acusados hablan sobre “la ayuda” de Stalling a los procesados. Por el mismo caso Roberto Stalling Sierra, hijo de la jueza Sierra, también está detenido.

Las acusaciones alcanzaron a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, que también es nombrada en una escucha telefónica en la que miembros de la estructura criminal aseguran que también los protegería, aunque ella lo ha negado y las autoridades no han solicitado acciones judiciales contra la jueza.

La jueza Reinoso Trujillo está señalada de los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.

Según la Fiscalía y la Comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga cuerpos y aparatos clandestinos incrustados en el Estado guatemalteco, la jueza incrementó su patrimonio de forma injustificada “ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente”, dijo la Fiscalía en un boletín de prensa.

Según la investigación Reinoso habría adquirido una vivienda, tiene altos movimientos bancarios recibidos en efectivo y cheques no justificados y obvió su obligación de actualizar su declaración jurada patrimonial para determinar el origen de sus ingresos.

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