Publicado en: 21/02/2018

Se vive sin oro, pero no sin agua

FÉLIX BAUTISTA

Argentina aprobó una ley de protección de glaciares en el año 2010 cuyo fin esencial es “proteger los glaciares, como reserva estratégica de los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura, proteger la biodiversidad, entre otros”. La aprobación de la norma se realizó en medio de un conflicto suscitado a propósito de la explotación del proyecto Pascua Lama, en la frontera de Argentina y Chile, por la empresa Barrick Gold. Del lado argentino la mina ocupaba parte del territorio de Veladero en la provincia San Juan, Argentina y del lado chileno en la Región Atacama, en la provincia Huasco.

La norma impulsada y aprobada en Argentina, conocida como Ley No. 26.418, contó con el apoyo de grupos ambientalistas y amplios sectores de la opinión pública que alegaban que explotar esa mina causaría daños al medio ambiente y que la utilización de cianuro contaminaría las aguas de los glaciares. Mediante una medida cautelar, los trabajadores de la mina de Veladero y la Barrick Gold lograron continuar con los trabajos a pesar de la aprobación de la ley. Posteriormente la Corte Suprema de Argentina autorizó la puesta en vigencia de la Norma de Glaciares, lo que dejó sin efecto la medida cautelar.

Un grupo argentino denominado “Asamblea Popular por el Agua” realizó un estudio que estableció cuál era el consumo de “agua, electricidad, combustibles y lubricantes, cianuro, explosivos y generación de escombros” del proyecto Pascua Lama, durante los 21 años de vida útil de la mina. El resultado del estudio fue que para producir un kilo de oro es necesario utilizar “380,000 litros de agua pura; 36,000 kilowatts de energía eléctrica; 2,000 litros de gasoil; 42 litros de nafta; 128 litros de lubricante; 849 kilogramos de cianuro de sodio y 1.04 kilogramos de explosivos”.

Lo mismo que ocurrió en San Juan, Argentina, está ocurriendo en San Juan, República Dominicana. Si se explota la mina de Romero, se afecta de manera considerable el medio ambiente, la producción de agua y el ecosistema y se contaminarían todas las fuentes acuíferas con el cianuro utilizado para la explotación del oro. Para evitarlo, al igual que en Argentina, es necesario aprobar una ley que garantice que la vida, la salud y la riqueza de San Juan no sean afectadas.

¿Por qué se afectaría la vida, la salud y la riqueza de San Juan?

La vida animal, vegetal y humana serían profundamente afectadas, ya que la contaminación de las aguas con cianuro repercute en el proceso de desarrollo de las plantas, destruye la vida de aves, peces y cualquier especie animal; produce en los humanos problemas respiratorios, altera los sistemas nervioso, arterial, digestivo; afecta el desarrollo del embarazo y contribuye a los nacimientos prematuros, afecta la inteligencia de los niños, provoca abortos espontáneos y muchas otras enfermedades, como daños a los riñones, ceguera y cicatrices que permanecen después de cerrada la mina. En cuanto a la riqueza, el sector agropecuario de San Juan produce más de 1,700 millones de pesos por año y genera más de 28,000 empleos, produce más del 60% de las habichuelas que consume el país, más del 45% del guandul, más del 45% del maíz, el 40% de las batatas y otros productos esenciales de la canasta familiar, todo lo cual se produce en una extensión superior a medio millón de tareas de tierra. Toda esta producción y riqueza pudiera verse afectada si se explota la mina Romero.

Como el informe técnico del Proyecto Romero no aparece en la página Web del Ministerio de Energía y Minas, no podemos precisar los consumos de agua, combustibles y lubricantes, explosivos, energía eléctrica y cianuro que se utilizarían para la explotación de la Mina Romero en San Juan. No obstante, sí aparecen informaciones de los “posibles beneficios” que recibiría el Estado dominicano, conforme lo expresa la Recomendación del Ministerio de Energía y Minas que hiciera en fecha 19 de enero de 2018 al poder Ejecutivo, sobre la aprobación de la concesión para la explotación de la mina Romero. En este documento se indica que el Estado dominicano recibiría en siete años la suma de 224 millones de dólares, equivalente a 32 millones de dólares por año. De esta cantidad, la provincia San Juan recibiría el 5%, lo que representa 1.6 millones de dólares por año; en cambio la provincia San Juan produce hoy el equivalente a 36 millones de dólares por año solo por la producción agropecuaria, generando más de 28,000 empleos, mientras que la mina solo generaría 800 empleos.

En relación con todo esto, es bueno hacer la siguiente reflexión: ¿Vale la pena contaminar las aguas para la producción y para el consumo humano, a cambio de una suma tan insignificante? No. ¿Es posible dejar de recibir 36 millones de dólares por año, a cambio de 1,6 millones? No. ¿Es posible destruir la fuente de generación de más de 28,000 empleos por año a cambio de 800? No. Y lo más importante: No podemos permitir que se enferme la población de San Juan a cambio de que empresas extranjeras se lleven su riqueza. La vida y la salud no tienen precio. Cualquier comunidad vive sin oro, pero no puede vivir sin agua.

En países como Estados Unidos y Canadá, obtener concesiones de explotación de minas es sumamente complicado, debido a lo difícil que es cumplir con los requisitos ambientales que han impuesto las normas de esos países, para garantizar la protección de su medio ambiente y sus recursos naturales.

De ahí que tal y como ocurre en Estados Unidos y Canadá, hay que legislar y establecer requisitos y barreras impenetrables para proteger el medio ambiente, la biodiversidad y el recurso agua, tan vitales para la vida.

La Constitución dominicana, en su artículo 15, prescribe que el “recurso agua es un patrimonio nacional, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Consigna que “los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos, para garantizar su gestación y preservación como bienes fundamentales de la Nación”. Amparados en la Norma Fundamental e importantes normativas relativas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, como senador por la provincia San Juan, asumimos la propuesta de que se declare mediante ley, “libre de explotación minera metálica”, la cordillera Central de la República Dominicana.

Por: FÉLIX BAUTISTA/LD

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