Publicado en: 12/12/2018

Participación Ciudadana exige nueva vez investigar irregularidades de la OISOE en remodelación del Darío Contreras

PC detecto el incremento de un 100% en el costo del contrato originalmente firmado.

SANTO DOMINGO, RD.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, reiteró con una quinta comunicación dirigida al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, la solicitud de una investigación sobre las irregularidades de la OISOE en la remodelación del Hospital Dr. Darío Contreras.

Consideró grave que, a más de tres años de su formal solicitud, tenga que volver a reiterar al Ministerio Público, el reclamo para que cumpla con su responsabilidad de investigar y encaminar las acciones pertinentes, para que no quede impune un caso de corrupción administrativa documentada por la propia institución del Estado que debe velar por la correcta aplicación de la ley 340-06 y sus modificaciones, referente a compras y contrataciones públicas.

PC recordó la Resolución 91/2015, de fecha 2 de octubre de 2015, mediante la cual la Dirección General de Contrataciones Públicas puso en evidencia graves irregularidades e indicios de corrupción cometidos por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en la asignación y contratación del Consorcio Luxor para la remodelación, adecuación de espacios y equipamiento del hospital docente universitario Dr. Darío Contreras.

Las irregularidades detectadas incluyen desde la convocatoria de un procedimiento de urgencia sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley, hasta el incremento de un 100% en el costo del contrato originalmente firmado.

Participación Ciudadana ha demandado la acción a la Procuraduría General en varias oportunidades. 

Espera que el Procurador General de la República encamine las acciones correspondientes para no dejar impune las irregularidades cometidas por la OISOE, detectadas y hechas constar por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la Resolución 91/2015, que además indica, en su séptimo artículo, que la misma fuera remitida a la Procuraduría General de la República, con el fin de que fueran adoptadas las acciones civiles o penales que correspondan.