Publicado en: 09/02/2018

La Farc suspende su campaña y acusa al uribismo de orquestar la violencia

Partidarios del partido político Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) durante un mitin el 27 de enero en Bogotá.

COLOMBIA.- Son apenas las primeras elecciones en las que participa la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político conformado por las antiguas filas de lo que era la máxima guerrilla colombiana, pero a menos de un mes de haber empezado a hacer campaña, la agrupación acaba de anunciar que suspenderá tales actividades “hasta contar con las garantías suficientes”.

La Farc busca postular a 74 candidatos a las elecciones legislativas del 11 de marzo para los escaños que tiene asegurados como parte del acuerdo de paz. El exjefe guerrillero Rodrigo “Timochenko” Londoño también se postuló como candidato presidencial para los comicios del 27 de mayo.

En un comunicado y en declaraciones a la prensa, el liderazgo del partido acusó una falta de seguridad en sus actividades políticas desarmadas. “La pelota está en la cancha del gobierno, que tiene que garantizar el desarrollo de nuestra actividad política. Aquí hay una campaña organizada para maltratarnos”, acusó Imelda Daza, quien es compañera de fórmula de Timochenko.

En enero, dos candidatos han sido asesinados, algo sobre lo que ya alertó la misión de la ONU para la verificación del proceso de paz. La dirigencia de la Farc también acusa que desde finales de 2016, cuando comenzaron a implementarse los acuerdos, han sido asesinados 36 integrantes del grupo.

El 7 de febrero, asimismo, tuvo que ser cancelado un mitin de Timochenko ante protestas en su contra en las afueras de Cali en las que lanzaron piedras y huevos.

Daza denunció en medios colombianos que la violencia durante los actos de campaña y contra los candidatos de la agrupación ha sido promovida y gestionada por “personas interesadas en sabotear la campaña”.

Pablo Catatumbo, candidato al Senado, aseguró hoy en una conferencia de prensa convocada por el liderazgo del ahora partido que los responsables son “sectores muy conocidos” y señaló específicamente a sectores del Centro Democrático, la fuerza política liderada por el expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido un acérrimo crítico del proceso de paz.

Según el comunicado emitido por la agrupación exguerillera, hay imágenes que evidencian que “los responsables de estos hechos delictivos” incluyen a “líderes regionales del partido Centro Democrático”. Por otra parte, la muerte de los dos candidatos a cargos legislativos fue atribuida a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última gran guerrilla del país que acaba de retomar sus ataques contra el gobierno y otros sectores después de que terminara un cese al fuego bilateral a principios de enero.

“Es un plan coordinado dirigido a impedir la participación política de un partido legalmente constituido”, sentencia la misiva, en la que el partido político dice que acudirá ante la justicia para que se castigue a los responsables.

El tema de la seguridad que enfrentarían los exguerrilleros era de particular preocupación para muchos de ellos. Un caso anterior de integrantes de una guerrilla colombiana que se desmovilizaron e incorporaron a la política, la Unión Patriótica, terminó en tragedia en los años ochenta. En total se estima que fueron asesinados hasta 5000 integrantes del partido, incluidos los militantes de este y dos candidatos presidenciales.

El Consejo del Estado colombiano después calificó lo sucedido como un exterminio político.

Ya en septiembre de 2016, Santos había declarado que el gobierno debe “cumplir con el compromiso de asegurar que nadie que participe en política sea víctima de las armas y muy especialmente que ningún miembro de ningún partido, incluido el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la vida civil, sea víctima de la violencia”.

La violencia en las campañas es una nueva muestra del descontento y la división que han causado los procesos de paz, que inicialmente fueron rechazados en un referendo. En partes de Colombia ahora deben convivir víctimas del conflicto guerrillero de más de cinco décadas, que dejó unos 220.000 muertos, con exguerrilleros y exparamilitares.

Por MARINA FRANCO/NYT

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