Publicado en: 09/02/2012

Fin de la carrera del juez Guez Garzón, es condenado a 11 años de inhabilitación por escuchas

Baltasar-Garzón

El juez Baltasar Garzón

MADRID (AFP) – La justicia española condenó este jueves a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón por un caso de escuchas ilegales, expulsando de la carrera judicial a un magistrado que osó investigar controvertidas cuestiones como los crímenes de la dictadura franquista.

Pero Garzón, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, prometió “combatir” legalmente esta condena “injusta y predeterminada” destinada a “acabar con un concreto juez” laminando de paso “la independencia de los jueces en España”.

“Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia”, afirmó. “Mis derechos han sido sistemáticamente violentados”, denunció.

Por decisión unánime, el Tribunal Supremo español lo condenó a “11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez” por estimar que vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes.

Los detenidos eran presuntos cabecillas de una red corrupta, conocida en España como “trama Gürtel”, que en 2009 salpicó a altos cargos regionales del Partido Popular, que ahora gobierna España.

Garzón aseguró haber ordenado las escuchas por sospechar que los abogados participaban en operaciones de blanqueo de dinero.

Sin embargo, con extrema dureza, la alta corte consideró que éstas son “prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información”.

Esta condena, explicó una fuente del Tribunal Supremo, “significa la expulsión de la carrera judicial” del juez, de 56 años, que dentro de 11 años tendría que pedir la reincorporación para poder volver a ejercer.

“Es la muerte de un profesional”, declaró a la AFP su abogado Francisco Baena. “Decirle a un juez que no puede ser juez es tanto como una muerte”, agregó.

Esta sentencia llega sólo un día después del fin de otro juicio contra Garzón, que despertó gran expectación dentro y fuera de España, por querer investigar más de 114.000 desapariciones durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) pese a una ley de Amnistía.

De ser declarado culpable, el magistrado puede ser condenado a hasta 20 años más de inhabilitación.

La coincidencia de estos casos, y la existencia de un tercero para el que aún no se anunció juicio, llevaron a sus partidarios a denunciar una maniobra política.

En una reacción muy poco habitual de la familia del juez, María Garzón Molina, de 27 años, escribió una carta abierta a los que “han vertido insultos y mentiras” y “hoy brindarán con champán” por la condena de su padre.

“A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa”, afirmó desafiante.

“Las circunstancias en las que esta condena se produce no podrán evitar ser juzgadas internacionalmente como un castigo al juez Garzón por investigar los crímenes franquistas”, consideró por su parte el juez venezolano Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De cabello cano, finas gafas y trajes impecables, Garzón, pionero de la “justicia universal”, polariza a buena parte de la sociedad española entre partidarios y detractores.

Mientras los primeros defienden a capa y espada su dedicación, los segundos lo describen como un juez estrella, más preocupado por salir en los medios de comunicación que por el buen fundamento jurídico de sus instrucciones.

Además de haber investigado los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), logrando incluso enjuiciar al ex represor argentino Adolfo Scilingo –condenado en 2005 a 1.084 años de cárcel– Garzón logró grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA.

Pero también investigó a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado por el gobierno socialista en los años 80 para eliminar físicamente a miembros de ETA.

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