Publicado en: 22/06/2011

Experto del PNUD dice prescinden de él por informes críticos

Pavel Isa Contreras y Miguel Ceara Hatton

Pavel Isa Contreras y Miguel Ceara Hatton

SANTO DOMINGO, RD. (EFE).- Un consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la República Dominicana cuyo contrato no fue renovado denunció hoy que el organismo prescindió de él por los análisis críticos de su departamento, pero la entidad dijo que su salida obedece a que incumplió el contrato.

El técnico, Pavel Isa Contreras, cuyo contrato no fue renovado al igual que el de su compañero Miguel Ceara Hatton, dijo que el PNUD trató de acallar los informes del equipo que ambos coordinan porque cuestionó “el orden político, económico y social”, del país.

La representante del PNUD en el país, Valerie Julliand, en una comparecencia en la que no respondió preguntas de los periodistas, dijo que los contratos no serán renovados porque los consultores “incumplieron de manera reiterada las normas relacionadas con declaraciones públicas”, lo que podría comprometer la “independencia e imparcialidad de la organización”.

Estas normas, agregó, están recogidas “en todos los contratos que se suscriben con el PNUD” y se aplican en los 176 países donde está presente el organismo.

Un empleado del PNUD que pidió quedar en el anonimato dijo a Efe, sin embargo, que este principio no es aplicable a Isa y Ceara porque no pertenecen al “staff” del PNUD.

Julliand señaló que la Oficina de Desarrollo Humano (ODH), a la que pertenecían los consultores, “seguirá trabajando de manera normal” y se convocará un concurso público para ocupar las plazas de Ceara e Isa.

La salida de los consultores, conocida la semana pasada, motivó expresiones de solidaridad de sectores sociales y profesionales de la República Dominicana y críticas por lo ocurrido, como la suscrita por las investigadoras Tahira Vargas, Olaya Dotel y Ana Féliz.

Estas profesionales, quienes fueron integrantes del equipo de investigadoras de los informes provinciales de desarrollo humano, consideraron lo ocurrido “un mal precedente para los trabajos de investigación social con independencia y autonomía en el país”.

Las investigadoras suscribieron un comunicado en el que consideraron que el cambio en la coordinación de la ODH “es el resultado de un proceso de acoso” al equipo de la oficina y de un “intento de cercenar los derechos ciudadanos con argumentos amparados en normativas que no existen”.

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