Publicado en: 02/06/2011

El Congreso colombiano aprueba la Ley de Víctimas tras 50 años de conflicto

Congreso Colombia

El Congreso de Colombia dio hoy luz verde a una trascendental Ley de Víctimas

BOGOTÁ, COLOMBIA, (EFE).- El Congreso de Colombia dio hoy luz verde a una trascendental Ley de Víctimas, tras casi 50 años de conflicto armado, que favorecerá a más de cuatro millones de afectados por la violencia y no otorgará estatus de beligerancia a los grupos armados ilegales.

 

La nueva norma, aprobada por 62 votos a favor y 3 en contra en el Senado y por 93 frente a tres en la Cámara de Representantes, reconoce además la existencia de un conflicto armado en Colombia después de casi una década en la que el Gobierno anterior de Álvaro Uribe negara ese hecho.

 

“Felicito y agradezco al Congreso por la aprobación de la Ley de Víctimas. Es un hecho histórico para Colombia”, señaló el presidente del país, Juan Manuel Santos, en un mensaje difundido en su perfil de twitter.

Ahora la Ley deberá pasar el control de la Corte Constitucional para que después la sancione el propio Santos, quien aguarda para hacerlo en la próxima visita al país del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, prevista entre el 10 y 12 de junio.

La Ley pasó por numerosos debates antes de ver la luz verde, en los que recibió duras críticas, como las de Uribe, reacio a reconocer el conflicto interno.

Y es que la norma admite ese hecho, aunque no reconoce el estatus de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ni a ningún otro grupo armado ilegal.

El coordinador ponente, Juan Fernando Cristo, señaló a los periodistas que “ésta es la ley más importante que ha aprobado el Congreso de la República desde hace muchas décadas”.

Y el representante de la ONU en Colombia, Bruno Moro, agregó que este primero de junio “será recordado como un día histórico”, aunque reconoció que no es “una ley perfecta”.

Esta ley reconocerá y reparará a cuatro millones de colombianos que han sido víctimas de los grupos violentos en los últimos 25 años, motivo por el que el presidente del Senado, Armando Benedetti, también la calificó como un hecho “histórico” al matizar que hoy se entrega al país “una caja de herramientas”.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, un gran defensor de la Ley, reconoció que se han tardado diez años pero “ya es una realidad”.

Sólo se manifestaron en contra de la ley los senadores del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo, Alexánder López y Gloria Inés Ramírez; aunque sus compañeros de partido Mauricio Ospina, Jorge Guevara y Luis Carlos Avellaneda votaron a favor.

Santos confesó al asumir el cargo, el 7 de agosto de 2010, que su Gobierno aspiraba a plantar las bases de “una verdadera reconciliación” entre los colombianos y el 27 de septiembre de ese año presentó él mismo la Ley, a iniciativa del Partido Liberal, en el Congreso.

Entre los aspectos fundamentales, la norma cobija los hechos ocurridos con posterioridad al 1 de enero de 1985, mientras que la restitución de tierras arropará los casos de despojo posteriores al 1 de enero de 1991.

Las víctimas de hechos anteriores a 1985 accederán a una reparación simbólica y a las garantías de no repetición.

Igualmente, se establecen medidas especiales de asistencia en materia de salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios derivados del conflicto.

Y por último, se prevé la entrega de ayuda humanitaria para que las víctimas puedan sobrellevar las necesidades básicas e inmediatas que surgen tras un hecho de violencia.

Bogotá, 1 jun (EFE).- La Ley de Víctimas aprobada hoy en el Congreso de Colombia es un primer paso para cerrar las heridas de un conflicto armado que continúa vivo, pero hará falta mucha “voluntad política” para reparar eficazmente a los más de 4 millones de afectados.

La “ambiciosa” norma es “positiva” porque “está ofreciendo legislativamente una salida a un conflicto que aún no ha terminado”, explicó a Efe el director del no gubernamental Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, para quien la ley por sí sola “no hace nada”, por lo que se necesita “voluntad política” para aplicarla.

Es una iniciativa “buena”, porque supone “un avance en el reconocimiento a la reparación de las víctimas y la restitución de tierras”, comentó también a Efe el senador Luis Carlos Avellaneda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), el partido más inconforme con la ley porque considera que tiene “limitaciones”.

El carácter ambicioso de la ley nadie lo discute, puesto que pretende reparar a los más de 4 millones de víctimas de un conflicto que dura ya medio siglo y devolver a sus legítimos dueños, en su mayoría campesinos, unos 6 millones de hectáreas de tierras usurpadas por grupos armados ilegales.

En palabras de Restrepo, es una ley “de consenso, histórica”, que coloca “en la agenda pública a las víctimas del drama”, sin discriminar si los victimarios fueron guerrillas, paramilitares o agentes del Estado, un asunto polémico que impidió que una iniciativa similar saliera adelante durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Además, reconoce la existencia de un conflicto armado en el país, un punto muy criticado por el expresidente Uribe, pero no concede el estatus de beligerancia a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni a ningún grupo armado ilegal.

De cara a una eventual negociación de paz en el futuro, uno de los “incentivos” de las guerrillas era erigirse en “representantes de las víctimas en sus áreas de influencia”, pero al ofrecerles el Estado “una salida” con esta ley “le cierra ese espacio político” sobre todo a las FARC, reflexionó Restrepo.

La ley, una apuesta personal del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien radicó el proyecto personalmente ante el Congreso en septiembre pasado, abre “un nuevo horizonte de esperanza en la búsqueda de la paz y la reconciliación” del país, como ha reconocido la ONU.

En su aplicación, las dificultades vendrán principalmente por el lado de la devolución de tierras, según Restrepo, que anota que es un tema “difícil de implementar” y “costoso”, además de implicar “un riesgo de violencia” para los líderes que están congregando a las personas que buscan la restitución.

Desde el 7 de agosto de 2010, cuando Santos llegó a la Presidencia, 10 líderes campesinos que reclamaban tierras han sido asesinados y la cifra aumenta a más de 40 si se cuenta desde 2002, cuando varias ONG comenzaron a documentar los casos.

Otro desafío es el económico, ya que el Gobierno aún no tiene claro a cuánto ascenderá la reparación global de las víctimas ni de dónde provendrán los recursos.

Lo único que se sabe es que, según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, durante este 2011 se destinarán 2,2 billones de pesos (más de 1.200 millones de dólares) a indemnizar a las víctimas.

La ley establece que podrán acceder a una indemnización las víctimas de la violencia desde el 1 de enero de 1985 y que la devolución de tierras se hará a partir de las usurpaciones de 1991, con lo que no está de acuerdo el PDA, que aspiraba a una fecha unitaria (1 de enero de 1980) para ambos casos.

Tampoco convence al PDA la definición de conflicto armado que se da en la ley, porque “excluye a las víctimas de la violencia sociopolítica y del sindicalismo”, y que no se hable de “restitución patrimonial” para los campesinos que perdieron mucho más que sus tierras, explicó el senador Avellaneda.

Asimismo, remarcó que han quedado fuera de la cobertura legal las víctimas de las nuevas bandas criminales (conocidas como bacrim), una amenaza creciente que para muchos analistas y expertos en el conflicto es una prolongación de los grupos paramilitares que se desarmaron en 2006 dentro de un proceso de paz.

La nueva norma fue aprobada por 62 votos a favor y 3 en contra en el Senado y por 93 frente a tres en la Cámara de Representantes.

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