Publicado en: 10/02/2012

Autoridades dominicana confirman persigue red espionaje correos electrónicos de Margarita

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Las autoridades están tras las pistas de los responsables de intervenir hackear, con fines de espionaje ilegal, los correos electrónicos de la Primera Dama de la República, Margarita Cedeño de Fernández, de varios ministros y personalidades del empresariado.

SANTO DOMINGO, RD., (LD).- Las autoridades confirmaron ayer que persiguen a los responsables de intervenir o “hackear”, con fines de espionaje ilegal, los correos electrónicos de la Primera Dama de la República, de varios ministros y de personalidades vinculadas al mundo empresarial, a través del uso de sofisticados y costosos aparatos de interceptación telefónica y telegráfica.

El procurador general Radhamés Jiménez Peña informó ayer en el Palacio Nacional que el caso de espionaje por el que un joven de apellido Gómez, una mujer dominicana y un ciudadano hindú figuran como los principales sospechosos, está a cargo de investigadores “técnicos” de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“Esa investigación está en manos de los órganos primarios y todavía la Procuraduría no ha tomado parte de la misma, pero en su momento lo hará”, dijo el funcionario.

Anoche, Jiménez Peña y el director del DNI, Ramón Aquino García, acudieron al Palacio Nacional para informar al presidente Leonel Fernández sobre las acciones que los órganos de seguridad del Estado llevan a cabo para apresar a los culpables del caso de interceptación ilegal de mensajes electrónicos. El Procurador General y el jefe del DNI entraron al despacho del mandatario pasadas las 5:30 de la tarde. Tras más de una hora de reunión, Aquino salió de la oficina presidencial, pero cuando se disponía a abandonar en su vehículo la casa de gobierno, se le vio conversando por su teléfono celular y regresar luego al despacho de Fernández.

La investigación para arrestar a los responsables de “hackear” los correos electrónicos de las altas personalidades fue iniciada la noche del pasado martes por la Procuraduría General de la República y por los más altos responsables de la seguridad nacional.

Ciberdelincuencia
Una fuente dijo a LISTÍN DIARIO ese día que, apoyados en un amplio legajo de evidencias que incluyen una amplia relación de llamadas telefónicas y correos electrónicos intervenidos con autorización judicial, los investigadores acordaron poner en marcha un operativo para detener al o los responsables de violar la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

La fuente identificó entre los principales sospechosos a una persona de apellido Gómez, de unos 30 años, que figura en la investigación como ejecutante de las operaciones de “crackeo” o “hackeo” contra los correos electrónicos de la familia presidencial, ministros, figuras militares y empresariales, desde los cuales se trasmitieron mensajes y se divulgaron detalles de conversaciones o diálogos privados.

Una dominicana y un hindú, identificado sólo como Rajat, también aparecen en la lista de sospechosos de participar en labores de espionaje a los correos electrónicos.

Los investigadores pudieron interceptar correos electrónicos intercambiados por la dominicana y el hindú desde la India, con Gómez, al que se señala como el jefe del grupo, y cuya residencia se encuentra en la avenida Enriquillo, del sector Los Cacicazgos de la capital.

“Se trata de una vulneración que se está investigando, que cae en la ‘ciberdelincuencia’ y ‘cibercriminalidad’ que en República dominicana tiene consecuencias penales”, dijo ayer el Procurador General al salir del despacho del presidente Fernández.

Jiménez Peña agregó que esos delitos están penalizados en el país por las ley 53- 07, y advirtió que las personas que sean halladas culpables pueden ser condenadas desde tres meses hasta tres años y desde tres años hasta 10 años de prisión, dependiendo del grado de vulneración cometido contra los afectados.

La Constitución, en su artículo 44 numeral 3, prevé la inviolabilidad, el secreto de la comunicación cablegráfica, telefónica, telegráfica, telemática y la establecida por otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por un juez o autoridad competente de conformidad con la ley.

JUEZA ADVIERTE ANTE ESTADO VULNERABILIDAD
La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, alertó ayer sobre la necesidad de una efectiva tutela estatal ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el 43.9% de los dominicanos que tienen acceso a internet, y de que el país adopte una serie de medidas para enfrentar este fenómeno. “El combate efectivo del ‘cibercrimen’ es un compromiso de todos, no solamente del Estado”, dijo Agelán, al dictar anoche una conferencia sobre el tema en la Universidad del Caribe.

Definió la naturaleza de esta modalidad criminal y explicó las sanciones que la ley 53- 07 establece para castigar violaciones a los códigos de acceso, interceptación e intervención de datos o señales y sabotaje, además de estafa y actos de terrorismo.

Las autoridades persiguen a los responsables de intervenir o “hackear”, con fines de espionaje ilegal, los correos electrónicos de la Primera Dama de la República, de varios ministros y de personalidades del mundo empresarial, a través del uso de sofisticados y costosos aparatos de interceptación telefónica y telegráfica. El juez de la atención permanente de Santo Domingo, Richard Fidel Aquino Natera, a requerimiento del procurador fiscal adjunto de Santo Domingo, José Cabrera Rivera, autorizó interceptar las comunicaciones del correo electrónico de una mujer, propietaria de un conocido salón de belleza.

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